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Enfrentando nuevas formas de violencia

1. Contexto y proyecciones

Las sociedades occidentales enfrentan una serie de cambios originales e inesperados que, según un diagnóstico de 1990 en Escuela de Guerra del Ejército de los EUA, generarán condiciones volátiles, inciertas, complejas y ambiguas (VUCA – Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity), que es necesario considerar en las hipótesis de conflictos.

La confluencia de escenarios geopolíticos inestables en la estructura OTAN / Rusia / China, con el impacto de los cambios climáticos de la escasez del agua y la disputa Antártica, la revolución tecnológica de la IA y la robótica cotidianas, los problemas demográficos como las migraciones y el escaso crecimiento poblacional, a los que se agrega la pérdida endémica de fuentes de trabajo reemplazadas con tecnología, producen problemas novedosos para Chile cuyas consecuencias no ofrecen antecedentes conocidos.

Dos de esas consecuencias son la violencia (familiar, social y delictiva) y el narcoterrorismo (producción y distribución, consumo, corrupción de voluntades y blanqueo de capitales).

Las tres mayores certezas que ofrecen esa confluencia de escenarios y sus consecuencias, son que:

1. La tendencia en países periféricos como Chile será hacia el aumento o agravamiento de esas consecuencias.

2. No se disponen actualmente de los recursos financieros, tecnológicos, de estructura organizacional ni de especialidades suficientes para gestionar adecuadamente la influencia de la violencia y el narcoterrorismo en Chile.

3. Tanto el diagnóstico de su evolución y como el desarrollo de recursos de contención y prevención en Chile, no son posibles desde la función policial aislada (se debe asociar la seguridad con la justicia, educación, desarrollo social y salud a nivel local y regional), ni son viables encerrados en el interior de las fronteras del país (se debe extender activamente a toda la red internacional que cubre desde la producción al consumo).

Esta situación obliga a imaginar la adaptación de la estructura, las funciones y los recursos policiales manteniendo los valores esenciales de los últimos cien años (Desde antes de la fundación de Carabineros), registrando claramente la experiencia de la última década, para ubicar a la organización en el contexto social de los próximos cincuenta años, cuando es probable que gran parte de las funciones de policía se operen por medios digitales y no físicos.

No es difícil imaginar que la identificación de vehículos, pasajeros y personas deambulando, la seguridad de los bienes y los ciudadanos, la detección-persecución-captura-custodia de sospechosos, y hasta la intervención en situaciones de conflictos vecinales o disturbios sociales, comiencen a operarse de un modo predominantemente digital a partir del 2074.

2.Evolución de los contratos laborales

La tendencia internacional en la organización de los espacios laborales (militares, policiales y civiles) apunta a la transformación de los perfiles laborales pasando de los roles pasivos que solo actúan obedeciendo instrucciones directas del supervisor, hacia roles de mayor iniciativa donde el subordinado ejerce una autonomía responsable tomando sus propias decisiones.

Este nuevo perfil laboral tiene como requisitos inexcusables:

a. Soporte tecnológico avanzado de subordinados y supervisores

b. Entrenamiento completo de los subordinados actualizado al menos anualmente

c. Relación clara y confiable entre supervisores y subordinados

Según los estudios internacionales, las ventajas de un perfil laboral más autónomo en todos los niveles jerárquicos, incluyen entre otras:

  • Mayor productividad
  • Solución de problemas complejos en el lugar donde se producen, sin escalar hacia arriba
  • Mejor percepción del empoderamiento, del sentido del trabajo y del desempeño exitoso
  • Mayor satisfacción con el puesto, el orden jerárquico y la organización

¿El comandante dice ´Continúe´ y su gente va porque confía en que todos conocen el objetivo;  confían en que saben el camino o cómo lograr el objetivo; y confían en que su comandante seguirá cuidándolos sin importar lo que decidan. Confían en sí mismos y en sus comandantes.”

General (retirado) Sir Rupert Smith – Real Academia Militar Camberley –  (2024)

Sin embargo, esta evolución de los contratos laborales no es homogénea, como sucede con todas las transiciones sociales.

En muchas empresas los colaboradores presentan síntomas preocupantes de estrés laboral, que han disparado las licencias por enfermedad en Latinoamérica, por el aparente desacople entre las exigencias laborales y la capacidad de las personas de responder adecuadamente sin enfermarse por la tensión.

Según muchos estudios, el estrés laboral se ha correlacionado con patologías graves como la hipertensión, las cardiopatías, el burnout (sensación de estar “fundido”), con tanta gravedad que se han popularizado las acciones preventivas para medir el clima laboral en cada grupo de trabajo a fin de intervenir de inmediato con acciones reparadoras específicas, en todas aquellas unidades que muestran signos de malestar en el clima interno.

El análisis del clima interno es una extraordinaria herramienta porque es inocua (es una estadística anónima y no acusa a nadie), es veraz (detecta con precisión dónde hay problemas) y operada con experiencia genera soluciones inmediatas donde nadie sale herido.

3. ¿Quién cuida a los que cuidan?

Las tensiones que han afectado a las organizaciones policiales chilenas en todos sus niveles jerárquicos en los últimos años tienen estado público por lo que no es necesario mencionarlas.

Tipos de Capital Organizacional  (Banco Interamericano de Desarrollo)
Capital NaturalSon los recursos que dependen de la naturaleza, los ríos, bosques, valles, el clima, desierto, mar. El escenario donde la organización opera.
Capital FinancieroSon los bienes tangibles como edificios, vehículos, equipos, cuentas bancarias, y los intangibles como prestigio y adhesión pública, etc.
Capital SocialSon los grados de cuidado y cooperación internos, las acciones de ayuda mutua, las “paleteadas” que agilizan los procesos burocráticos en interés de un buen servicio.
Capital HumanoSon los conocimientos actualizados, las habilidades experimentadas y las destrezas manuales disponibles entre las personas que forman parte de la Organización.

El estudio de Paz Ciudadana 2023 ofrece uno de los parámetros posibles para la base de comparación de cualquier iniciativa inmediata de mejora a fin de medir resultados en los siguientes períodos.

Entendiendo que el Capital Humano no son las personas de una organización sino los conocimientos, habilidades y destrezas (competencias laborales) aplicables de manera eficiente en las actividades de la organización, vale preguntarse bajo cuál modelo de estructura interna

sería posible consolidar el Capital Humano y el Capital Social de Carabineros y PDI de Chile.

Aquí se presenta un modelo de base para su discusión.

Las ventajas de aprovechar el “saber hacer” disponible entre los retirados es obvia, en tanto se trata de funcionarios conocidos, evaluados y sintonizados con los valores institucionales que al estar fuera de la carrera funcionaria pueden hacer aportes independientes con suficiente juicio crítico.

Obviamente los instructores, tutores, mentores y los auditores internos (de integridad y transparencia tanto como de buenas prácticas administrativas) deberán actualizarse de manera constante con expertos internacionales de diferentes países que muestren excelencia en las funciones policiales.

En sintonía con la Sociedad del Cuidado que promueve las Naciones Unidas, la necesidad de incrementar “el cuidado de los que cuidan” tomará gradualmente mayor vigencia pública en todos los niveles de las funciones del Estado, siguiendo lo que sucede en el mundo de las organizaciones privadas. ©

Sergio Slipczuk
sergio@slipczuk.com | https://slipczuk.com

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Estado y Crimen Organizado

Hablar de crimen organizado impele al consciente poco informado a pensar en pandillas, violencia sectorizada en barrios marginales y actos ilícitos relacionados a la venta de drogas en las calles. Aunque estas conductas desviadas se encuentran dentro de lo que constituye esta tipología criminal, es importante examinar, desde lo micro a lo macro, otros aspectos involucrados que suelen ser obnubilados por la fantasía desplegada en las grandes producciones cinematográficas que, incluso, romantizan a las gangs y sus nefastos estragos sociales.

El crimen organizado es toda conducta que involucre a un grupo de individuos, cuya estructura es jerárquica y ha sido planificada para transgredir la legalidad, independiente de su estética. Si bien el modus operandi de las pandillas especializadas, por ejemplo en el tráfico de personas, de drogas, etc. utiliza la violencia, hay un elemento del crimen organizado que todavía la sociedad no se atreve a identificar como tal: aquellos de naturaleza financiera, cuya violencia no es física, ni armada, sino fraudulenta y de profundo impacto económico.

Resulta indispensable reconocer  el alcance feroz de este tipo de delitos y situarlos en el lugar que corresponde. Solo así, podremos implementar procesos efectivos que puedan lidiar adecuadamente con estos hechos.

Ubicarlos al margen de las conductas desviadas del crimen organizado, por ser sutiles en sus formas, raramente violentos y ajustarse a la formalidad social (no olvidemos que son perpetrados por personas, que en su mayoría, se encuentran en la elite) incentiva que el tratamiento dado a estos crímenes sea menor; creando así una suerte de loop permisiva con ellos.

Pese a sus marcadas diferencias en el método de operar, ambas han extendido sus fauces según el crecimiento económico global, llegando a un punto en que exceden la efectividad de los procesos investigativos de los organismos a cargo de ejercerlos.

Además, el lucro obtenido del anonimato de sus recursos totales significa que el acceso a nuevas tecnologías les permiten procesos de lavado de activos de manera mas eficiente y muchas veces exitosas, cruzando las fronteras del país en donde se han llevado a cabo.

Lamentablemente, Chile ha ascendido 0.58% en la escala global del índice del crimen organizado (OCINDEX), de un 4.60 en 2021 a un 5.18 este año, habiendo ascendido 28 lugares, cuyo aumento más significativo, en cuanto a mercados criminales, se posiciona en el tráfico humano, de armas, drogas sintéticas y delitos en recursos no renovables.

Los actores criminales con mayor representación en esta escala, son personas involucradas en/con el Estado y ciudadanos extranjeros. Sin embargo, pareciera que el Estado continúa reposando en una suerte de impavidez con respecto a asuntos que son urgentes de mejorar, tales como la violencia de género y el crimen transnacional que, irrefutablemente, se ha asentado con comodidad en Chile.

Los esfuerzos para combatir el crimen que traspasa fronteras y transculturaliza conductas desviadas, como hemos observado ocurrir en el país, aún permanecen limitadas dentro de las fronteras nacionales o con escasa participación internacional, utilizando sistemas tecnológicos que permanecen funcionando de manera independiente y obsoleta.

Mientras el crimen adquiere maneras sofisticadas para continuar in crescendo, arrebatando la paz a los hogares, aniquilando vidas esclavizadas a la narcodependencia; aumentando los robos y asesinatos, etc. los organismos de intervención no poseen tecnologías que les permitan unificar el acceso a intel pertinente.

El impacto del narcotráfico, además y por ejemplo, crea una demanda por servicios de salud, de acogida, de apoyo económico que, aparentemente, no han sido siquiera contemplados en los presupuestos gubernamentales, transgeneracionalmente.

Parece una obviedad escribir que las víctimas en primera línea son las y los ciudadanos. Aún así, no se han creado programas que involucren a la comunidad en materias de prevención y responsabilidad cívica; adjuntando una carga mayor a las fuerzas policiales que, otrora con entusiasmo, hoy desganadas, no están capacitadas para ejercer funciones con especificidad a cada delito. Mucho menos, crímenes que han sido importados al país, de los cuales desconocen detalladamente su configuración.

El crimen organizado es un fenómeno multinacional y merece tratamiento que lidie de la misma forma, en conjunto con la corrupción que subyace en la globalización económica, evitando la implementación de normas que carezcan de estrategias. De lo contrario, nos acostumbraremos, también, a la improductividad de discursos exitistas en políticas públicas y demases promesas esperanzadoras, sin la implementación de sistemas que permitan que estas sean fehacientes en la práctica.

Las normativas vacuas no mejoran la calidad de vida de ninguna sociedad, ni el otorgamiento de mayores recursos a las policías perfeccionan sus capacidades. Es hora de pensar en incluir a especialistas multidisciplinarios, desde la sociedad civil, a las conversaciones y al desarrollo de métodos que aporten con visiones internacionalistas, actualizadas y que eviten el desgaste de las instituciones y la desesperanza de un país que bastante ha sufrido.

Marcela del Sol-Hallett

Titulada en Criminología

Perfiladora Criminal

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Política criminológica, Política Criminal o Política Pública en Seguridad. Su importancia para América Latina

Centro Nacional de Estudios del Orden Público (CENEOP)

Por Ricardo Sosa/ El Salvador

Ph D ( c )  en criminología

ricardososa@ricardososa.net

www.ricardososa.net

RESUMEN

América Latina es la región más violenta del mundo según el último informe de las Naciones Unidas publicado en el informe de la Oficina Contra las Drogas y el Delito-UNODC publicado en Julio del 2019, superando las muertes por conflictos armados durante el año 2017, esta violencia tiene múltiples manifestaciones como feminicidios, homicidios, desapariciones forzadas, muertes violentas de niñas, niños y adolescentes, expresiones de violencia contra la Mujer, pandillas y crimen organizado; la respuesta primaria, privilegiada e imitada por varios países ha sido vía legislación combinada con política represivas denominadas “manodurismo” los resultados  muy lapidarios, la tasa más alta de asesinatos del mundo con 17.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y niveles de hacinamiento en las cárceles.  América Latina sufre de altas tasas de violencia en sus indicadores principales por que se ha preferido implementar políticas públicas de seguridad que buscan convencer a sus electores que están combatiendo al o los enemigos que se nos ha vendido, mientras el crimen organizado permea los Estados, fomentando la corrupción y la impunidad. Se sugiere y propone trascender a una política criminológica que supere las expectativas de la política criminal que en muchos países de nuestra América se fundamenta únicamente en los códigos penal y procesal penal, combinado con resolver los factores criminógenos por medio de una inversión social extraordinaria inédita en nuestro continente con enfoque de género y Derechos Humanos.

Palabras claves: política criminológica, política criminal, política pública en seguridad, criminología, ciencias forenses

Introducción

El Presente trabajo pretende exponer sobre la realidad de gran parte de América Latina con altos niveles de delincuencia y criminalidad, que lo ubican como el continente con la mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, además es la región con mayor número de feminicidios y asesinatos de niños, niñas y adolescentes, se genera cultivo y tráfico de drogas hacia el continente  y el mundo, armas, tráfico de personas  y otros delitos que generan altas ganancias lucrativas al crimen organizado, bandas criminales y las pandillas, todo debido a la ausencia, inexistencia de una Política Criminológica que permita ser a los Estados eficientes y eficaces para no tocar intereses de grupos políticos, poder económico, social, económico y grupos de poder fáctico que hacen que la denominada Política Criminal por medio de los códigos penal y procesal penal como de la persecución del delito solo alcance a los gobernados, al pueblo, y se orienta contra grupos criminales como pandillas, bandas o delincuencia común. El planteamiento de este problema y enfoque tradicional afecta a los ciudadanos ya que el crimen organizado ha maximizado sus altas ganancias lucrativas con fondos provenientes de actividades ilícitas, criminales, que incluyen corrupción e impunidad para incluso favorecerse de negocios y actividades con el Estado, incluso con implicaciones transnacionales. Esto ha hecho que se genere un desencanto y cansancio en la población, ya que el Estado no adopta medidas coherentes con la Constitución, ni fundamentados en estudios e investigaciones criminológicas por lo que es imposible contar con una Política Criminológica que sea efectiva. Se pretende hacer una aproximación a la necesidad que nuestra América Latina haga un giro por la utilización y empleo de la criminología y ciencias auxiliares para no continuar privilegiando al derecho penal y el castigo sólo para los gobernados, y que la Justicia sea pronta y cumplida sin excepción de personas, menos por su condición social, política, económica, o por pertenecer a un poder fáctico de esa sociedad.

Los países de América Latina deben trabajar para encontrar la ruta por medio de la sociedad civil, la participación ciudadana y un equipo de expertos en criminología, ciencias auxiliares y otras disciplinas la construcción de propuestas de una Política Criminológica que ayude  y aporte elementos de valor con indicadores e investigación, multi e interdisciplinario, sin ideología partidaria política  para hacer los cambios y reformas en la Política Criminal, y por supuesto en los códigos penal y procesal penal. Por medio de una Política Criminológica se debe hacer un replanteamiento de los Planes de País, Plan Nacional de Desarrollo para abordar la prevención, disuasión, combate y represión del delito, de la delincuencia, de la denominada violencia social e intolerancia, tratamiento y reinserción de personas que cometieron delito, reformas judiciales y depuración, centros penales, sin dejar a un lado que la mejor de todas las Políticas Criminológicas  debería de fundamentar sus acciones por una extraordinaria  Política Social con atención en educación, salud, servicios básicos asistenciales, empleo de calidad, salud mental,  jóvenes y atención en la primera infancia, en resumen un giro para invertir como nunca en la historia de nuestra América Latina en su gente de manera inédita y extraordinaria permitiendo el desarrollo humano y la reconstrucción del tejido social. Es posible una nueva América Latina con un modelo de prevención criminológica, y es tarea de todos y todas.

Desarrollo: :                                                                                                                                     El artículo 167 numeral dos de la Constitución de la República de El Salvador establece que el Consejo de Ministros debe elaborar el Plan General del Gobierno, y el reglamento del órgano Ejecutivo contiene o debe contener los apartados de dicho Plan General del Gobierno, en términos generales se prefiere hablar de políticas por separado, como políticas de Seguridad Pública o políticas públicas de seguridad, Plan de Seguridad, Estrategia de Seguridad,  en sustitución de una política criminológica; en El Salvador desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 hemos observado en las campañas presidenciales plataformas políticas donde se expone ideas, algunas acciones contra la delincuencia común, se privilegia nombres pomposos que cumplan con requisitos del marketing político, para vender a la población la expectativa que el “cambio” viene, luego al ganar las elecciones, ese programa se hace a un lado y dependerá usualmente de la figura del responsable de dirigir la política de seguridad pública, y el gabinete de seguridad, la plataforma que se presentó en campaña era eso, un instrumento para ganar las elecciones, y de paso debe ser un hombre de confianza del presidente electo y usualmente dirigente del Instituto político que ganó dichas elecciones, es deseable que adicional sea un militar en situación de retiro, abogado, y en algunos casos se ha llegado a nombrar porque es un aficionado a las armas o  es un buen tirador. Además se piensa que si baja los índices este funcionario puede ser un virtual candidato a presidente en las próximas elecciones. Parte de los resultados  y cifras lapidarias en El Salvador son 73,539 homicidios (Sosa, 2020) de 1998 al año 2019, sin incluir de 1992 a 1997 que ya se había firmado el Acuerdo de Paz, en El Salvador se han asesinado más ciudadanos post conflicto armado que fueron alrededor de 70,000 personas, y que decir de personas con denuncia desaparecidas; en sede fiscal se registraron sólo en la década anterior más de 32,000 personas desaparecidas, durante el conflicto armado se estimaron en 7,000. En América Latina posee la tasa más alta de asesinatos del mundo con 17.2 homicidios por cada 100,000 habitantes  (UNODC, 2019) las desapariciones forzadas, violaciones, hurtos, robos a mano armada, secuestros, masacres, corrupción e impunidad forman parte de la carta de presentación de los estatus de la seguridad pública y los balances anuales.   Las políticas públicas de seguridad su ámbito es más reducido y no contemplan un amplio espectro del fenómeno criminal que incluye delitos cometidos por quienes están en el poder político, social y económico de una nación  Se privilegia la persecución de ciertos delitos, existe una relación inversamente proporcional entre el incremento de la delincuencia y la destreza o capacidad de un Estado para contrarrestarla para ello existen políticas, programas, planes, estrategias y acciones que un Estado o un Gobierno debe planificar y preparar.  Las políticas públicas de seguridad a la fecha han producido pobre resultados por lo que se puede establecer que han fallado no han logrado reducir los niveles de violencia y de criminalidad a niveles tolerables de inseguridad, pero se nos ofrece que en el próximo periodo presidencial se terminará con el crimen y delitos, sin contar con el diseño de una política pública. La palabra criminal está más relacionada con la tradición anglosajona, el crimen es más dinámico, el delito está debidamente tipificado en los códigos penal y procesal penal, debe establecer el combate de grupos políticos sociales y económicos dominantes vinculados con el crimen organizado (Chincoya Teutli, 2013) le parece familiar en su país? Lamentablemente ha sido una constante y un eje transversal en muchos países de nuestra América Latina. En el cometimiento de delitos la política criminológica es capaz de definir e identificar condiciones delictivas que dañan considerablemente a una sociedad, la política criminológica es un modelo de prevención social con acción comunitaria y participación ciudadana, no corresponde a un pequeño grupo élite que está en el poder, o un grupo de dirigentes de un partido político de turno, se debe dar paso al análisis científico social del fenómeno criminal, pero la participación de las Ciencias Forenses en los gobiernos de América Latina es ausente, en algunos países es incipiente, por que incomoda a los grupos de poder,  y se ha preferido a propósito continuar en prueba  y error.  La política criminal usualmente solo aborda y ataca a los gobernados, es decir al pueblo; la política criminológica por el contrario debe estar basada en evidencia en teorías, leyes, axiomas, principios, reglas, debe contener un análisis de estrategia que genera la sociedad civil (Chincoya Teutli, 2013), debe contener métodos de las ciencias sociales y un conjunto de políticas sociales y penales formuladas en conjunto por el Estado para prevenir las causas individuales y sociales de la delincuencia y violencia.  El derecho penal es un recurso más no es el único. La política criminológica dista mucho de ser una política de imposición de penas, pone el énfasis en referentes sociales e institucionales. La política criminal busca crear un enemigo común fácilmente identificable por la población, en el caso de El Salvador contra las pandillas y bandas criminales, si se abordan delitos relacionados con esta estructura todo estará bien, se apoyan los créditos y financiamiento, y será políticamente aceptable, aunque en lo secreto, en lo oculto se busque negociar, dialogar, conversar, pactar con estas estructuras a cambio de lograr llegar al poder o mantenerse.  Los Órganos legislativo y Ejecutivo deberían adoptar el término criminológico e incluirlo en el Plan General del Gobierno   de la República de El Salvador y perseguir todos los delitos por igual, el sistema de Justicia penal es un pilar de la política criminológica, y de igual forma en los países de nuestra América Latina que todavía no lo han hecho.  En la actualidad hay una ausencia de los centros penales incluidos dentro de esta política, los grandes objetivos del sistema de Justicia penal son la Seguridad Pública procurar la justicia, administración de la justicia y ejecución de las penas. El concepto de Seguridad Pública fue superado y rebasado por al menos tres conceptos como lo son: seguridad ciudadana, seguridad urbana y seguridad de los habitantes.  El concepto de Seguridad Pública se origina en el siglo XIX cuando existía la familia patriarcal, burguesa, en este escenario aparece lo público, en oposición a los espacios privados característicos de los órdenes feudales asociados con el estado. Seguridad Pública es la obligación del Estado moderno, se da en el exterior, en el mundo, en la calle, ante los ojos de todos, es un problema de seguridad por eso se le denomina Seguridad Pública, es decir si los Estados no son capaces de mantener lo visible en un estado manejable, cómo podrían enfrentar los delitos ocultos. La inseguridad en los espacios públicos altera el orden público son notorios, visibles, estos delitos a los ojos de la colectividad por tanto limitar delitos como las estructuras del Estado o corporaciones transnacionales son cobijados por la impunidad y la corrupción. La política pública de seguridad es un término amplio, subjetivo, ¿a qué tipo de seguridad nos referimos? a la seguridad de la familia, a la seguridad personal, a la seguridad alimentaria, a la seguridad privada, a la seguridad nacional etc. si se habla de seguridad como una política la interpretación y lectura será por el conocimiento del ciudadano, por eso necesitamos que los gobiernos la hagan pública, se comprometan con indicadores para el período que han sido electos, cómo esperan entregar el país?, la Seguridad Pública permite ser manipulada por los distractores de los verdaderos problemas de una sociedad y caer en el extremo de que en El Salvador todo se le atribuye a las pandillas, no somos un estado “pandillelandia” (Sosa, Mitos sobre la Seguridad Pública en El Salvador , 2019) los grupos hegemónicos de poder  utilizan  la corrupción, el lavado de dinero, el comercio informal, contrabando de mercadería, acuerdos con el crimen organizado, desvío de recursos, narcotráfico, trata de personas, enriquecimiento ilícito, sicariato, entre otros, es decir los denominados espacios mal gobernados que facilitan sus operaciones  y generan conflicto (Sosa, Los espacios mal gobernados, 2018). La Oficina  Contra las Drogas y el Delito en El Salvador-UNODC ha publicado recientemente un informe magistral sobre el desempleo, economía informal  crimen organizado dentro de la crisis por la pandemia del Covid-19 y como este entorno adverso va a propiciar una mayor presencia de organizaciones criminales  su vinculación con las economías informales y cómo el crimen organizado encontrará una ventana de oportunidad para extenderse y fortalecerse (UNODC E. S., 2020), y sumado a la ausencia de una política criminológica. La misma le brinda y le permite  a los Estados  acciones integrales en materia económica, social, educativa, deportiva, laboral, salud pública, debe atender las causas que originaron estos factores de fenómenos delictivos y los factores de riesgo en las comunidades. En América Latina pero en particular en el denominado “triángulo norte de Centroamérica” la micro región más violenta del mundo sin encontrarse en conflicto armado, existe la presencia de las pandillas, han sido un excelente distractor del verdadero problema de nuestra región y que afecta otros países del continente como lo es el “crimen organizado”, las pandillas en primer lugar no son ajenas a nuestras sociedades, son parte de ella, y en cierta medida reflejan la violencia con la que nos desarrollamos día a día; vimos con indiferencia las causas estructurales, la marginación, exclusión social, falta o ausencia de servicios básicos asistenciales, educación, pobreza  y pobreza extrema que han estado presentes en nuestras naciones desde el siglo anterior y que en resumen han impedido el desarrollo humano, y han obligado a nuestros ciudadanos a emigrar y buscar cumplir sus sueños y anhelos en otra tierra, pero me resisto a darle crédito a sus miembros que en su mayoría no tienen una educación y formación de primaria, algunos bachilleres, y uno que otro con estudios universitarios sean los verdaderos directores de estas estructuras. Las pandillas surgen y se proliferan porque se generaron las condiciones para que desarrollaran, ahora iniciando esta tercera década del siglo XXI son también verdaderas estructuras delictivas, criminales y algunas crimen organizado transnacional.  Pero el crimen organizado en nuestra América Latina ha permeado las estructuras de los Estados y ha utilizado el recursos más usual, el acceso a la clase política y grupos económicos como poderes fácticos, y hemos tenido temor de exponerlo  y decirlo. Y existe evidencia jurídica, casos con condenas, otros con capturas en proceso de imputación, cientos de casos en investigación, y otros que murieron sin ser procesados y otros tan siquiera investigados.  Ha llegado el momento para nuestra América Latina de trascender, de marcar un antes y un después, todos debemos aportar para visibilizar la necesidad de un verdadero cambio dando paso a las ciencias forenses y auxiliares, a la investigación académica y científica, a los indicadores cualitativos y cuantitativos, a Observatorios de Justicia y Seguridad, al desarrollo de las carreras de pre grado en ciencias forenses para privilegiar la investigación científica técnica pericial pero también para la formulación de políticas criminológicas que desde la sociedad civil se impulsen para que los tomadores de decisión de nuestras naciones las consideren y hagan los cambios trascendentales en la política criminal, que ocurra las modificaciones y reformas que sean necesarias en los códigos penales y procesas penales, y por supuesto esto incluye una adecuada y técnica elaboración de una Política Pública de Seguridad Ciudadana y no basarse en momentos políticos partidarios, en donde exista y sea eficaz una pronta y cumplida justicia con respeto a los Derechos Humanos y fundamentales de los ciudadanos. Los miembros del crimen organizado, bandas organizadas y  las pandillas no temen a las propuestas y modificaciones de incrementos de penas o condenas, sino a una investigación que inicie con la imputación, captura y condena, es decir que funcione el sistema, y los grupos hegemónicos de poder y fácticos se han encargado que esto no funcione por medio de la corrupción y su hermana siamesa la impunidad. Los gobiernos que  avanzarán  son aquellos que no pacten con el crimen para llegar o mantenerse en el poder y que trabajen en una verdadera política criminológica integral. La política criminológica como conjunto de medidas,  acciones, adoptadas por el Estado para ejercer un control social, debe basarse en la criminología y ser una política integral del Estado dirigida a superar las causas estructurales de la inconducta social, desde el punto de vista educativo, laboral, sanitario, de vivienda, entre otros; y no una política meramente penal, dirigida a las causas coyunturales y destinada a reprimir a la persona humana con todo el poder estatal y social (Dr. Gino Rios, 2013)

Conclusiones  

  • América Latina en términos generales ha priorizado las políticas públicas, planes o proyectos de marketing político para enfrentar los problemas de inseguridad, crimen y delito; dichos planes han estado fundamentado en decisiones de políticas de combate y represión conocidas como manodurismo.
  • Se prefiere y se da prioridad a planes de seguridad o políticas de seguridad que persigan delitos de delincuencia común, pandillas, extorsiones, robos y hurtos, que son los que en términos generales afecta el patrimonio de los ciudadanos  y se enfoca en estas prioridades para cautivarlos y que voten por su proyecto político, no es prioridad el crimen organizado y sus estructuras que involucran al poder político, económico, social  y fáctico de dichos países.
  • El crimen organizado ha permeado la estructura de Estados de muchos países en nuestra América Latina, lo que representa millonarias pérdidas que afectan el desarrollo humano.
  • Se enfoca las soluciones de crimen, violencia e inseguridad en incrementar las penas, no se trabaja en resolver y combatir los problemas estructurales de una Nación. La política criminal se dirige y enfoca a los gobernados  excluye  a los gobernantes.
  • Se prefiere trabajar política criminal  y de seguridad pública por personas que en su mayoría carecen de conocimiento de seguridad ciudadana, ciencias penales, ciencias forenses, criminología, Derechos Humanos pero que gozan de respaldo y confianza de los partidos políticos y grupos de poder.

Recomendaciones

  • Implementar e incorporar el término de “Política Criminológica” en sustitución de política criminal o política pública de seguridad en los países de América Latina y construir el marco jurídico para su cumplimiento por parte de los Estados, como parte de un verdadero y completo Plan de Nación o Plan General de Gobierno para que incluya e incorpore a los gobernantes  y tomadores de decisiones, considerando el crimen organizado para considerar a todo el amplio espectro criminal  y delictivo, para que las Naciones puedan enfrentar y combatir de manera eficaz  y efectiva.
  • Una política criminológica debe basarse y fundamentarse en la criminología, ciencias auxiliares y en evidencia empírica, y convertirse en una política integral y multifocal de un Estado, que permita solucionar las causas estructurales y factores criminógenos de una sociedad, lo que implica que sea elaborada, propuesta, desarrollada e implementada por profesionales  expertos de las Ciencias Forenses y Ciencias Penales y a fines, mediante la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional con un equipo técnico de profesionales, expertos y especialistas.
  • Los países de Latinoamérica deben trascender del enfoque represivo y privilegiar el derecho penal, que en muchas ocasiones genera reformas reactivas ante crisis, y que resulta en la mayoría de los casos extemporáneo al crimen y delito. La criminología permite conocer las causas estructurales y comportamiento del delito, criminal o delincuente, la víctima, y sobre todo el control social y prevención, es el mejor recurso para en primer lugar prevenir, corregir, controlar, disminuir o erradicar el crimen.
  • Desarrollar cambios constitucionales para incrementos sustanciales de los presupuestos anuales y extraordinarios de las Fiscalía General de la República o Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Procuradurías General de la República, y se fortalezca el trabajo técnico científico pericial para la prueba científica con equipo de última generación y la capacitación del talento y capital humano.    

Fuentes de Información

Chincoya Teutli, H. (2013). Politica Criminal, politica criminológica o políticas publicas en seguridad. Alegato N.83, 99-116.

Dr. Gino Rios, G. (2013). Implicaciones de una politica criminologica ineficiente e ineficaz. Perú.

Sosa, R. (16 de Noviembre de 2018). Los espacios mal gobernados.

Sosa, R. (martes 16 de Julio 2019 de Julio de 2019). Mitos sobre la Seguridad Pública en El Salvador .

Sosa, R. (2020). Balance de Homicidios en El Salvador. Resumen ejecutivo , San Salvador , San Salvador. Recuperado el 1998

UNODC. (2019). Estudio. Organizacion de las Naciones Unidas , Oficina Contras las Drogas y el Delito, Viena.

UNODC, E. S. (2020). Desempleo, economía informal y crimen organizado. UNODC , San Salvador.

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La Protección del Orden Público

Mario Barrientos Ossa

Abogado.

Magíster en Derecho U. de Chile 

         La carta constitucional en actual vigor, en su art.1°, dispone que es deber del Estado “dar protección a la población”. Para cumplir tal fin, el Estado es dotado del ejercicio de la fuerza legítima que haga posible otorgar esa protección, debiendo entenderse que toda conducta que signifique incumplir esta vital tarea, sea por acción o por omisión, simplemente vulnera la Constitución y las leyes de la República.

         Siendo el mandato antes referido de rango constitucional, no puede haber en el Ordenamiento Jurídico Nacional ninguna norma, del nivel que sea, que pueda resolver u ordenar lo contrario, lo cual hace necesario que tenga aplicación la eficacia del Derecho, no basta con la normativa que el constituyente o el legislador dictan, sino que el precepto pertinente, o la acción adecuada, llamada a dar protección a la población, se cumpla clara y categóricamente.

         En tal sentido, el orden público no es sino el exacto cumplimiento, por el Estado, de su obligación de dar protección a la población, de un modo categórico, irrenunciable, severo, porque cuando es la Constitución la que ordena, no hay ni puede haber excusa alguna para desobedecerla.

         Adentrándonos en la doctrina jurídica, debemos recordar que todo derecho tiene el subsecuente deber, son las dos caras de una misma moneda, y cuando hablamos de derechos humanos, mucho nos llama la atención que no se hable de deberes humanos. Por ejemplo, el proteger a la población, que entronca en los derechos humanos de la vida y la integridad física y mental de las personas, contiene el deber humano subsecuente: no atentar contra la vida, ni la integridad física ni síquica de las personas.

         Cuando hablamos del Estado, por supuesto no nos limitamos al poder ejecutivo, porque también tienen su cuota de responsabilidad el poder legislativo, en cuanto a dictar las leyes que hagan posible la seguridad de las personas, el poder judicial tiene la suya, en orden a no caer en un exceso de garantismo, que da impresión de impunidad, y el Ministerio Público, un rol como ente persecutor de quienes violan el deber humano de respetar a las personas.

         El orden público requiere que el Estado proporcione a las fuerzas de seguridad los elementos suficientes para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, pero no solo en lo material, sino esencialmente en el ejercicio de facultades suficientes para ejercer la fuerza legítima con eficiencia y dar, así, eficacia al derecho.

         Pero, no se trata solo de dotar a las fuerzas de seguridad de facultades adecuadas y suficientes, también es necesario que ello también se aplique en los organismos del Estado, que no pueden cumplir fielmente sus deberes, si no es con disciplina y orden.

         Se ha instalado en el escenario nacional una tendencia a omitir el entero cumplimiento de la ley. Ejemplo de ello lo encontramos en algunos establecimientos educacionales, donde la autoridad competente ha ordenado no aplicar la Ley Aula Segura. La evasión en el pago de la tarifa en los buses del Transantiago, alcanza porcentajes alarmantes y tiende a crecer, sin que se observe la rigurosa aplicación de la ley.

         John Kennedy nos ilustró de esta manera: “Todo ciudadano puede discrepar de las leyes que rigen en su país. Pero ello no lo libera de su obligación de cumplirlas”. Esta máxima, si es rigurosa respecto de todos los ciudadanos, es implacable respeto de las autoridades o administradores del Estado, quienes deben aplicar la ley más allá de sus convicciones personales. Ello es la esencia del estado de derecho, la sumisión de los gobernantes al mandato de la Constitución y de las leyes. Cuando las dejamos de aplicar porque no nos gustan o discrepamos de ellas, destruimos del estado de derecho.

         El orden público requiere, para su plena vigencia, la recta y firme aplicación de la ley. Si ello no acontece, se esfuma la eficacia del derecho. Y sin este principio esencial, la ciudadanía queda en manos de delincuentes y descuidada por un Estado que no cumple enteramente sus deberes.

         Mantener un adecuado orden público no requiere nuevos servicios estatales, no requiere una nueva constitución, no requiere más leyes, lo que se requiere es que se cumplan las vigentes, aunque se discrepe de ellas, y eso es, simplemente, darle vida auténtica al estado de derecho.