Centro Nacional de Estudios del Orden Público (CENEOP)
Por Ricardo Sosa/ El Salvador
Ph D ( c ) en criminología
RESUMEN
América Latina es la región más violenta del mundo según el último informe de las Naciones Unidas publicado en el informe de la Oficina Contra las Drogas y el Delito-UNODC publicado en Julio del 2019, superando las muertes por conflictos armados durante el año 2017, esta violencia tiene múltiples manifestaciones como feminicidios, homicidios, desapariciones forzadas, muertes violentas de niñas, niños y adolescentes, expresiones de violencia contra la Mujer, pandillas y crimen organizado; la respuesta primaria, privilegiada e imitada por varios países ha sido vía legislación combinada con política represivas denominadas “manodurismo” los resultados muy lapidarios, la tasa más alta de asesinatos del mundo con 17.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y niveles de hacinamiento en las cárceles. América Latina sufre de altas tasas de violencia en sus indicadores principales por que se ha preferido implementar políticas públicas de seguridad que buscan convencer a sus electores que están combatiendo al o los enemigos que se nos ha vendido, mientras el crimen organizado permea los Estados, fomentando la corrupción y la impunidad. Se sugiere y propone trascender a una política criminológica que supere las expectativas de la política criminal que en muchos países de nuestra América se fundamenta únicamente en los códigos penal y procesal penal, combinado con resolver los factores criminógenos por medio de una inversión social extraordinaria inédita en nuestro continente con enfoque de género y Derechos Humanos.
Palabras claves: política criminológica, política criminal, política pública en seguridad, criminología, ciencias forenses
Introducción
El Presente trabajo pretende exponer sobre la realidad de gran parte de América Latina con altos niveles de delincuencia y criminalidad, que lo ubican como el continente con la mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, además es la región con mayor número de feminicidios y asesinatos de niños, niñas y adolescentes, se genera cultivo y tráfico de drogas hacia el continente y el mundo, armas, tráfico de personas y otros delitos que generan altas ganancias lucrativas al crimen organizado, bandas criminales y las pandillas, todo debido a la ausencia, inexistencia de una Política Criminológica que permita ser a los Estados eficientes y eficaces para no tocar intereses de grupos políticos, poder económico, social, económico y grupos de poder fáctico que hacen que la denominada Política Criminal por medio de los códigos penal y procesal penal como de la persecución del delito solo alcance a los gobernados, al pueblo, y se orienta contra grupos criminales como pandillas, bandas o delincuencia común. El planteamiento de este problema y enfoque tradicional afecta a los ciudadanos ya que el crimen organizado ha maximizado sus altas ganancias lucrativas con fondos provenientes de actividades ilícitas, criminales, que incluyen corrupción e impunidad para incluso favorecerse de negocios y actividades con el Estado, incluso con implicaciones transnacionales. Esto ha hecho que se genere un desencanto y cansancio en la población, ya que el Estado no adopta medidas coherentes con la Constitución, ni fundamentados en estudios e investigaciones criminológicas por lo que es imposible contar con una Política Criminológica que sea efectiva. Se pretende hacer una aproximación a la necesidad que nuestra América Latina haga un giro por la utilización y empleo de la criminología y ciencias auxiliares para no continuar privilegiando al derecho penal y el castigo sólo para los gobernados, y que la Justicia sea pronta y cumplida sin excepción de personas, menos por su condición social, política, económica, o por pertenecer a un poder fáctico de esa sociedad.
Los países de América Latina deben trabajar para encontrar la ruta por medio de la sociedad civil, la participación ciudadana y un equipo de expertos en criminología, ciencias auxiliares y otras disciplinas la construcción de propuestas de una Política Criminológica que ayude y aporte elementos de valor con indicadores e investigación, multi e interdisciplinario, sin ideología partidaria política para hacer los cambios y reformas en la Política Criminal, y por supuesto en los códigos penal y procesal penal. Por medio de una Política Criminológica se debe hacer un replanteamiento de los Planes de País, Plan Nacional de Desarrollo para abordar la prevención, disuasión, combate y represión del delito, de la delincuencia, de la denominada violencia social e intolerancia, tratamiento y reinserción de personas que cometieron delito, reformas judiciales y depuración, centros penales, sin dejar a un lado que la mejor de todas las Políticas Criminológicas debería de fundamentar sus acciones por una extraordinaria Política Social con atención en educación, salud, servicios básicos asistenciales, empleo de calidad, salud mental, jóvenes y atención en la primera infancia, en resumen un giro para invertir como nunca en la historia de nuestra América Latina en su gente de manera inédita y extraordinaria permitiendo el desarrollo humano y la reconstrucción del tejido social. Es posible una nueva América Latina con un modelo de prevención criminológica, y es tarea de todos y todas.
Desarrollo: : El artículo 167 numeral dos de la Constitución de la República de El Salvador establece que el Consejo de Ministros debe elaborar el Plan General del Gobierno, y el reglamento del órgano Ejecutivo contiene o debe contener los apartados de dicho Plan General del Gobierno, en términos generales se prefiere hablar de políticas por separado, como políticas de Seguridad Pública o políticas públicas de seguridad, Plan de Seguridad, Estrategia de Seguridad, en sustitución de una política criminológica; en El Salvador desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 hemos observado en las campañas presidenciales plataformas políticas donde se expone ideas, algunas acciones contra la delincuencia común, se privilegia nombres pomposos que cumplan con requisitos del marketing político, para vender a la población la expectativa que el “cambio” viene, luego al ganar las elecciones, ese programa se hace a un lado y dependerá usualmente de la figura del responsable de dirigir la política de seguridad pública, y el gabinete de seguridad, la plataforma que se presentó en campaña era eso, un instrumento para ganar las elecciones, y de paso debe ser un hombre de confianza del presidente electo y usualmente dirigente del Instituto político que ganó dichas elecciones, es deseable que adicional sea un militar en situación de retiro, abogado, y en algunos casos se ha llegado a nombrar porque es un aficionado a las armas o es un buen tirador. Además se piensa que si baja los índices este funcionario puede ser un virtual candidato a presidente en las próximas elecciones. Parte de los resultados y cifras lapidarias en El Salvador son 73,539 homicidios (Sosa, 2020) de 1998 al año 2019, sin incluir de 1992 a 1997 que ya se había firmado el Acuerdo de Paz, en El Salvador se han asesinado más ciudadanos post conflicto armado que fueron alrededor de 70,000 personas, y que decir de personas con denuncia desaparecidas; en sede fiscal se registraron sólo en la década anterior más de 32,000 personas desaparecidas, durante el conflicto armado se estimaron en 7,000. En América Latina posee la tasa más alta de asesinatos del mundo con 17.2 homicidios por cada 100,000 habitantes (UNODC, 2019) las desapariciones forzadas, violaciones, hurtos, robos a mano armada, secuestros, masacres, corrupción e impunidad forman parte de la carta de presentación de los estatus de la seguridad pública y los balances anuales. Las políticas públicas de seguridad su ámbito es más reducido y no contemplan un amplio espectro del fenómeno criminal que incluye delitos cometidos por quienes están en el poder político, social y económico de una nación Se privilegia la persecución de ciertos delitos, existe una relación inversamente proporcional entre el incremento de la delincuencia y la destreza o capacidad de un Estado para contrarrestarla para ello existen políticas, programas, planes, estrategias y acciones que un Estado o un Gobierno debe planificar y preparar. Las políticas públicas de seguridad a la fecha han producido pobre resultados por lo que se puede establecer que han fallado no han logrado reducir los niveles de violencia y de criminalidad a niveles tolerables de inseguridad, pero se nos ofrece que en el próximo periodo presidencial se terminará con el crimen y delitos, sin contar con el diseño de una política pública. La palabra criminal está más relacionada con la tradición anglosajona, el crimen es más dinámico, el delito está debidamente tipificado en los códigos penal y procesal penal, debe establecer el combate de grupos políticos sociales y económicos dominantes vinculados con el crimen organizado (Chincoya Teutli, 2013) le parece familiar en su país? Lamentablemente ha sido una constante y un eje transversal en muchos países de nuestra América Latina. En el cometimiento de delitos la política criminológica es capaz de definir e identificar condiciones delictivas que dañan considerablemente a una sociedad, la política criminológica es un modelo de prevención social con acción comunitaria y participación ciudadana, no corresponde a un pequeño grupo élite que está en el poder, o un grupo de dirigentes de un partido político de turno, se debe dar paso al análisis científico social del fenómeno criminal, pero la participación de las Ciencias Forenses en los gobiernos de América Latina es ausente, en algunos países es incipiente, por que incomoda a los grupos de poder, y se ha preferido a propósito continuar en prueba y error. La política criminal usualmente solo aborda y ataca a los gobernados, es decir al pueblo; la política criminológica por el contrario debe estar basada en evidencia en teorías, leyes, axiomas, principios, reglas, debe contener un análisis de estrategia que genera la sociedad civil (Chincoya Teutli, 2013), debe contener métodos de las ciencias sociales y un conjunto de políticas sociales y penales formuladas en conjunto por el Estado para prevenir las causas individuales y sociales de la delincuencia y violencia. El derecho penal es un recurso más no es el único. La política criminológica dista mucho de ser una política de imposición de penas, pone el énfasis en referentes sociales e institucionales. La política criminal busca crear un enemigo común fácilmente identificable por la población, en el caso de El Salvador contra las pandillas y bandas criminales, si se abordan delitos relacionados con esta estructura todo estará bien, se apoyan los créditos y financiamiento, y será políticamente aceptable, aunque en lo secreto, en lo oculto se busque negociar, dialogar, conversar, pactar con estas estructuras a cambio de lograr llegar al poder o mantenerse. Los Órganos legislativo y Ejecutivo deberían adoptar el término criminológico e incluirlo en el Plan General del Gobierno de la República de El Salvador y perseguir todos los delitos por igual, el sistema de Justicia penal es un pilar de la política criminológica, y de igual forma en los países de nuestra América Latina que todavía no lo han hecho. En la actualidad hay una ausencia de los centros penales incluidos dentro de esta política, los grandes objetivos del sistema de Justicia penal son la Seguridad Pública procurar la justicia, administración de la justicia y ejecución de las penas. El concepto de Seguridad Pública fue superado y rebasado por al menos tres conceptos como lo son: seguridad ciudadana, seguridad urbana y seguridad de los habitantes. El concepto de Seguridad Pública se origina en el siglo XIX cuando existía la familia patriarcal, burguesa, en este escenario aparece lo público, en oposición a los espacios privados característicos de los órdenes feudales asociados con el estado. Seguridad Pública es la obligación del Estado moderno, se da en el exterior, en el mundo, en la calle, ante los ojos de todos, es un problema de seguridad por eso se le denomina Seguridad Pública, es decir si los Estados no son capaces de mantener lo visible en un estado manejable, cómo podrían enfrentar los delitos ocultos. La inseguridad en los espacios públicos altera el orden público son notorios, visibles, estos delitos a los ojos de la colectividad por tanto limitar delitos como las estructuras del Estado o corporaciones transnacionales son cobijados por la impunidad y la corrupción. La política pública de seguridad es un término amplio, subjetivo, ¿a qué tipo de seguridad nos referimos? a la seguridad de la familia, a la seguridad personal, a la seguridad alimentaria, a la seguridad privada, a la seguridad nacional etc. si se habla de seguridad como una política la interpretación y lectura será por el conocimiento del ciudadano, por eso necesitamos que los gobiernos la hagan pública, se comprometan con indicadores para el período que han sido electos, cómo esperan entregar el país?, la Seguridad Pública permite ser manipulada por los distractores de los verdaderos problemas de una sociedad y caer en el extremo de que en El Salvador todo se le atribuye a las pandillas, no somos un estado “pandillelandia” (Sosa, Mitos sobre la Seguridad Pública en El Salvador , 2019) los grupos hegemónicos de poder utilizan la corrupción, el lavado de dinero, el comercio informal, contrabando de mercadería, acuerdos con el crimen organizado, desvío de recursos, narcotráfico, trata de personas, enriquecimiento ilícito, sicariato, entre otros, es decir los denominados espacios mal gobernados que facilitan sus operaciones y generan conflicto (Sosa, Los espacios mal gobernados, 2018). La Oficina Contra las Drogas y el Delito en El Salvador-UNODC ha publicado recientemente un informe magistral sobre el desempleo, economía informal crimen organizado dentro de la crisis por la pandemia del Covid-19 y como este entorno adverso va a propiciar una mayor presencia de organizaciones criminales su vinculación con las economías informales y cómo el crimen organizado encontrará una ventana de oportunidad para extenderse y fortalecerse (UNODC E. S., 2020), y sumado a la ausencia de una política criminológica. La misma le brinda y le permite a los Estados acciones integrales en materia económica, social, educativa, deportiva, laboral, salud pública, debe atender las causas que originaron estos factores de fenómenos delictivos y los factores de riesgo en las comunidades. En América Latina pero en particular en el denominado “triángulo norte de Centroamérica” la micro región más violenta del mundo sin encontrarse en conflicto armado, existe la presencia de las pandillas, han sido un excelente distractor del verdadero problema de nuestra región y que afecta otros países del continente como lo es el “crimen organizado”, las pandillas en primer lugar no son ajenas a nuestras sociedades, son parte de ella, y en cierta medida reflejan la violencia con la que nos desarrollamos día a día; vimos con indiferencia las causas estructurales, la marginación, exclusión social, falta o ausencia de servicios básicos asistenciales, educación, pobreza y pobreza extrema que han estado presentes en nuestras naciones desde el siglo anterior y que en resumen han impedido el desarrollo humano, y han obligado a nuestros ciudadanos a emigrar y buscar cumplir sus sueños y anhelos en otra tierra, pero me resisto a darle crédito a sus miembros que en su mayoría no tienen una educación y formación de primaria, algunos bachilleres, y uno que otro con estudios universitarios sean los verdaderos directores de estas estructuras. Las pandillas surgen y se proliferan porque se generaron las condiciones para que desarrollaran, ahora iniciando esta tercera década del siglo XXI son también verdaderas estructuras delictivas, criminales y algunas crimen organizado transnacional. Pero el crimen organizado en nuestra América Latina ha permeado las estructuras de los Estados y ha utilizado el recursos más usual, el acceso a la clase política y grupos económicos como poderes fácticos, y hemos tenido temor de exponerlo y decirlo. Y existe evidencia jurídica, casos con condenas, otros con capturas en proceso de imputación, cientos de casos en investigación, y otros que murieron sin ser procesados y otros tan siquiera investigados. Ha llegado el momento para nuestra América Latina de trascender, de marcar un antes y un después, todos debemos aportar para visibilizar la necesidad de un verdadero cambio dando paso a las ciencias forenses y auxiliares, a la investigación académica y científica, a los indicadores cualitativos y cuantitativos, a Observatorios de Justicia y Seguridad, al desarrollo de las carreras de pre grado en ciencias forenses para privilegiar la investigación científica técnica pericial pero también para la formulación de políticas criminológicas que desde la sociedad civil se impulsen para que los tomadores de decisión de nuestras naciones las consideren y hagan los cambios trascendentales en la política criminal, que ocurra las modificaciones y reformas que sean necesarias en los códigos penales y procesas penales, y por supuesto esto incluye una adecuada y técnica elaboración de una Política Pública de Seguridad Ciudadana y no basarse en momentos políticos partidarios, en donde exista y sea eficaz una pronta y cumplida justicia con respeto a los Derechos Humanos y fundamentales de los ciudadanos. Los miembros del crimen organizado, bandas organizadas y las pandillas no temen a las propuestas y modificaciones de incrementos de penas o condenas, sino a una investigación que inicie con la imputación, captura y condena, es decir que funcione el sistema, y los grupos hegemónicos de poder y fácticos se han encargado que esto no funcione por medio de la corrupción y su hermana siamesa la impunidad. Los gobiernos que avanzarán son aquellos que no pacten con el crimen para llegar o mantenerse en el poder y que trabajen en una verdadera política criminológica integral. La política criminológica como conjunto de medidas, acciones, adoptadas por el Estado para ejercer un control social, debe basarse en la criminología y ser una política integral del Estado dirigida a superar las causas estructurales de la inconducta social, desde el punto de vista educativo, laboral, sanitario, de vivienda, entre otros; y no una política meramente penal, dirigida a las causas coyunturales y destinada a reprimir a la persona humana con todo el poder estatal y social (Dr. Gino Rios, 2013)
Conclusiones
- América Latina en términos generales ha priorizado las políticas públicas, planes o proyectos de marketing político para enfrentar los problemas de inseguridad, crimen y delito; dichos planes han estado fundamentado en decisiones de políticas de combate y represión conocidas como manodurismo.
- Se prefiere y se da prioridad a planes de seguridad o políticas de seguridad que persigan delitos de delincuencia común, pandillas, extorsiones, robos y hurtos, que son los que en términos generales afecta el patrimonio de los ciudadanos y se enfoca en estas prioridades para cautivarlos y que voten por su proyecto político, no es prioridad el crimen organizado y sus estructuras que involucran al poder político, económico, social y fáctico de dichos países.
- El crimen organizado ha permeado la estructura de Estados de muchos países en nuestra América Latina, lo que representa millonarias pérdidas que afectan el desarrollo humano.
- Se enfoca las soluciones de crimen, violencia e inseguridad en incrementar las penas, no se trabaja en resolver y combatir los problemas estructurales de una Nación. La política criminal se dirige y enfoca a los gobernados excluye a los gobernantes.
- Se prefiere trabajar política criminal y de seguridad pública por personas que en su mayoría carecen de conocimiento de seguridad ciudadana, ciencias penales, ciencias forenses, criminología, Derechos Humanos pero que gozan de respaldo y confianza de los partidos políticos y grupos de poder.
Recomendaciones
- Implementar e incorporar el término de “Política Criminológica” en sustitución de política criminal o política pública de seguridad en los países de América Latina y construir el marco jurídico para su cumplimiento por parte de los Estados, como parte de un verdadero y completo Plan de Nación o Plan General de Gobierno para que incluya e incorpore a los gobernantes y tomadores de decisiones, considerando el crimen organizado para considerar a todo el amplio espectro criminal y delictivo, para que las Naciones puedan enfrentar y combatir de manera eficaz y efectiva.
- Una política criminológica debe basarse y fundamentarse en la criminología, ciencias auxiliares y en evidencia empírica, y convertirse en una política integral y multifocal de un Estado, que permita solucionar las causas estructurales y factores criminógenos de una sociedad, lo que implica que sea elaborada, propuesta, desarrollada e implementada por profesionales expertos de las Ciencias Forenses y Ciencias Penales y a fines, mediante la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional con un equipo técnico de profesionales, expertos y especialistas.
- Los países de Latinoamérica deben trascender del enfoque represivo y privilegiar el derecho penal, que en muchas ocasiones genera reformas reactivas ante crisis, y que resulta en la mayoría de los casos extemporáneo al crimen y delito. La criminología permite conocer las causas estructurales y comportamiento del delito, criminal o delincuente, la víctima, y sobre todo el control social y prevención, es el mejor recurso para en primer lugar prevenir, corregir, controlar, disminuir o erradicar el crimen.
- Desarrollar cambios constitucionales para incrementos sustanciales de los presupuestos anuales y extraordinarios de las Fiscalía General de la República o Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Procuradurías General de la República, y se fortalezca el trabajo técnico científico pericial para la prueba científica con equipo de última generación y la capacitación del talento y capital humano.
Fuentes de Información
Chincoya Teutli, H. (2013). Politica Criminal, politica criminológica o políticas publicas en seguridad. Alegato N.83, 99-116.
Dr. Gino Rios, G. (2013). Implicaciones de una politica criminologica ineficiente e ineficaz. Perú.
Sosa, R. (16 de Noviembre de 2018). Los espacios mal gobernados.
Sosa, R. (martes 16 de Julio 2019 de Julio de 2019). Mitos sobre la Seguridad Pública en El Salvador .
Sosa, R. (2020). Balance de Homicidios en El Salvador. Resumen ejecutivo , San Salvador , San Salvador. Recuperado el 1998
UNODC. (2019). Estudio. Organizacion de las Naciones Unidas , Oficina Contras las Drogas y el Delito, Viena.
UNODC, E. S. (2020). Desempleo, economía informal y crimen organizado. UNODC , San Salvador.